He de reconocer que finalmente caemos, en el debate que impone Unidas Podemos. Debate que la formación utiliza como estrategia con el fin de que su nombre se instale en la opinión pública a golpe de debates y propuestas carentes de un estudio solvente para su implementación
A medida que pasa el tiempo, Unidas Podemos, parece asumir que su deterioro resulta más una certeza que una mera especulación. Quizás esta realidad sea la que justifica que sus representantes, viertan afirmaciones y pretensiones cada vez más polémicas, cómo irrealizables. El último, el borrado de la ley Trans, tan revesado y contradictorio como, a mi entender, inoportuno, se ha logrado colar en todos los sectores casi como monotema, en un momento altamente preocupante y contexto sanitario crítico.
El cuestionable mérito de la formación morada, al presentar este borrador de la ley Trans, con cierta frivolidad, ha conseguido despertar voces en contra de diversa índole, incluidas las del movimiento feminista, que ven sus reivindicaciones desvirtuadas en esta politización.
Dentro de los puntos más polémicos que se desprenden del mismo, se encuentra la eliminación del requisito de la mayoría de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. Así como la posibilidad de que mayores de 16 años se consideren plenamente legitimados para solicitarlo; o que los menores de entre 12 y 16 años puedan hacerlo a través de sus representantes legales o con su consentimiento, y en el caso de los menores de 12, los padres o tutores puedan pedir el cambio de sexo registral con la conformidad de los niños.
Por otra parte, no menos controvertida, se reconoce el derecho a la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno de someterse a tratamiento previo y elimina el requisito de diagnóstico de disforia de género para el cambio de sexo en el registro y será suficiente la libre declaración de la persona interesada. Todo ello, choca a priori, con la seguridad jurídica que debe primar en un estado de derecho.
El documento incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo, laboral y deportivo y abre la puerta también a que se pueda solicitar que no se especifique el sexo en los documentos oficiales de identidad, para atender a quienes no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.
El texto continúa con diversas cuestiones que en su conjunto, hacen plantear serias dudas también desde la óptica de su aplicación. Se podría plantear una atención a las personas Trans, que les permita un proceso integral, tanto médico, psicológico, como administrativo más acorde a una realidad , que en este aspecto se exige a todo el mundo. Raya la temeridad, que se incluyan menores sin los previos informes citados. No se trata de ser o no mayor de edad, según un marco estrictamente normativo, se trata de la madurez biológica que cualquier persona está lejos de alcanzar, a los 12 años e incluso a los 16.
La posibilidad de que se aplique esta ley a los extranjeros que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, legitimado en “el derecho a la identidad de genero libremente manifestada”, resulta también cuestionable. No desde una perspectiva racista, en este sentido, como argentina que soy, creo que deja claro que el alcance de mis palabras se dirigen hacia otro lado.
Me refiero a la cantidad de casuísticas que se pueden presentar en un supuesto tan ambiguo que obliga a resaltar, una vez más, la inseguridad jurídica e incluso el agravio comparativo frente a muchas otras personas inmigrantes que viven expuestas a interminables trámites tanto administrativos, como sanitarios para acceder al reconocimiento de tales derechos.
La falta de sensibilidad frente a la oportunidad o conveniencia, de presentar tal proyecto, la acuciante realidad social, la saturación hospitalaria, el sufrimiento de una sociedad en su conjunto, y los, ya asumidos años que costará normalizar los servicios públicos en todos los ámbitos, terminan por poner de relieve, la incoherencia a la hora de analizar y evaluar prioridades en la gestión de carteras altamente demandadas por Unidas Podemos en su reparto de funciones dentro del gobierno, orientadas todas estas a ámbito social, que tanto les preocupaba.
